Aitzol URIARTE | BILBO

«Euskal Herria se encuentra en un estado de excepción». Con esta frase resumió el portavoz de Gestoras pro-Amnistía Andoni Hernández el informe que recoge el balance represivo del pasado año 2000. Para realizar tal aseveración, el miembro del organismo pro-amnistía se basó en los datos reflejados en el documento presentado ayer en Bilbo a los medios de comunicación. «700 personas detenidas, 253 incomunicadas, 77 casos de tortura, 194 encarcelamientos, 200 cargas policiales, 20 millones en multas administrativas, 155 más en fianzas y 200 puntos de control fijo», son entre otros, los números que presenta Gestoras pro-Amnistía como resumen de la «represión por motivos políticos, sin tener en cuenta a encarcelados y huidos».

Hernández compareció junto a medio centenar de personas que han sufrido la represión durante el año pasado, además del también miembro de Gestoras pro-Amnistía Gorka López. Todos ellos se encartelaron tras la conclusión de la rueda de prensa en el puente de La Merced de Bilbo para denunciar el acuerdo PP-PSOE, que calificaron como «pacto de guerra». «Han firmado un acuerdo para mantener la guerra en Euskal Herria y lo que hace ese pacto es institucionalizar la represión y la convierte en permanente», dijo Hernández.

«Todos estos datos represivos conforman una realidad que desde Gestoras pro-Amnistía entendemos que nos pone a las puertas de un estado de excepción. Cada día nos sorprenden con algo. Ayer fue ver cómo concedían el premio del Mérito Civil a un torturador reconocido como fue Melitón Manzanas», apuntó Andoni Hernández.

López corroboró las opiniones de su compañero e hizo referencia al «pacto de guerra» firmado entre PP y PSOE. López se refirió a una serie de elementos que, en su opinión, se han ido conformado a lo largo del pasado año. «Ahí está todo lo que se refiere a las reformas legales, el papel que desarrolla la Audiencia Nacional contra movimientos populares, los mil efectivos nuevos de la Guardia Civil que se van a desplegar en Euskal Herria o la creación de distintos foros de víctimas que dan una lectura parcial del conflicto».

Todos estos elementos que citó vienen a confirmar, en palabras de López, que el pacto suscrito por ambos partidos españoles «es, al fin y al cabo, un pacto por la guerra, una apuesta por la imposición total contra Euskal Herria».

La «apuesta de Estado contra Euskal Herria» a la que hizo mención refiriéndose al pacto tiene fijados como objetivos «los derechos básicos de los ciudadanos y los derechos propios que tiene Euskal Herria como pueblo y que no le son reconocidos», añadió López. A este criterio general se destinan, según dijo el miembro de Gestoras pro-Amnistía, «elementos represivos concretos, desde los planos político, judicial y el policial».

Gorka López aseguró que la iniciativa adoptada por los partidos dirigidos por José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero no ayuda «en absoluto» a la resolución del conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés. Es más, consideró todo lo contrario: «Va directamente en contra de la resolución, cuando es más que sabido que en tanto en cuanto no haya garantías para el respeto de esos derechos básicos como ciudadanos y como pueblo, es muy difícil hablar de Estado de Derecho, libertad o democracia».

Frente a la imposición que atribuyó al Estado español, reiteró que la apuesta de la sociedad de Euskal Herria tiene que ser reivindicar sus derechos y trabajar cada día más «por el cese de esas injerencias políticas, judiciales y policiales, con la finalidad de alcanzar un marco en el cual esas libertades que hoy en día son inexistentes estén garantizadas y avancemos en la solución democrática del conflicto», concluyó.

Por su parte, Andoni Hernández se expresó mas concretamente sobre algunos ejemplos de la represión durante el último año, entre los cuales concedió capital importancia a la «judicialización de la represión que se esta dando, reflejada en el sumario 18/98», abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. «En el año 2000 ha alcanzado uno de sus puntos más altos, con el encarcelamiento de diferentes militantes de organizaciones políticas de este país», recordó este portavoz.

Al tiempo, trajo a colación también el notable incremento de multas vinculado a la aplicación de la conocida como Ley Corcuera. «Hay, por diferentes movilizaciones, alrededor de mil millones de multas», aseguró Andoni Hernández.